El Gobierno autorizó operaciones de deuda por hasta US$5.000 millones y habilitó la prórroga de jurisdicción a Nueva York

Noticias Argentinas difundió que el Gobierno nacional autorizó la realización de operaciones de endeudamiento público por hasta US$5.000 millones con entidades financieras internacionales y habilitó la inclusión de cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales federales y estaduales de Nueva York.

La medida fue oficializada a través del Decreto 478/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Según establece la normativa, las operaciones tendrán como objetivo obtener financiamiento para el Tesoro Nacional en condiciones más favorables, mediante préstamos que contarán con garantías parciales otorgadas por organismos multilaterales de crédito.

El decreto faculta al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera a incorporar en los contratos cláusulas de prórroga de jurisdicción en favor de los tribunales de Nueva York para la resolución de eventuales controversias vinculadas a estas operaciones.

La disposición también contempla que la República Argentina renuncie a oponer la defensa de inmunidad de jurisdicción ante reclamos que pudieran presentarse en esa sede judicial en relación con los acuerdos de financiamiento alcanzados.

No obstante, la norma establece límites específicos respecto de la inmunidad de ejecución sobre determinados bienes considerados estratégicos para el Estado nacional.

En ese sentido, el artículo 2 del decreto determina que la renuncia no alcanzará a las reservas internacionales ni a las cuentas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), así como tampoco a los bienes del dominio público ubicados en territorio nacional.

La protección también abarca los bienes destinados a la prestación de servicios públicos esenciales o declarados de utilidad pública por el Congreso Nacional, los activos amparados por privilegios diplomáticos y consulares, y los bienes de carácter militar o bajo control de organismos de defensa y seguridad.

Asimismo, quedan excluidos de cualquier posibilidad de ejecución los bienes que integran el patrimonio cultural de la Nación y los recursos provenientes de impuestos y regalías adeudadas al Estado nacional.

La normativa otorga además amplias facultades al Ministerio de Economía para definir las condiciones financieras de las operaciones autorizadas.

Entre otras atribuciones, la cartera económica podrá determinar los plazos, monedas y mecanismos de financiamiento, seleccionar las entidades financieras participantes, suscribir los acuerdos correspondientes, abonar comisiones de mercado y contratar agentes fiscales, asesores o calificadoras de riesgo vinculadas a las operaciones.

Con esta medida, el Gobierno busca ampliar las fuentes de financiamiento disponibles para el Tesoro y acceder a condiciones crediticias más favorables mediante esquemas respaldados por organismos internacionales.